La Ley secreta, Ley reservada del Cobre y sus implicancias.

Comparto con ustedes reportaje de el mostrador de “La secreta Ley reservada del cobre” informarnos es nuestro deber…Nunca más privilegios a la casta militar que roba y miente!!

Exclusivo: esta es la secreta “Ley Reservada del Cobre”

El 11 de abril de 1975, la Junta de Gobierno encabezada por Augusto Pinochet, firmaba la Ley Reservada del Cobre, que por 4 décadas no ha sido pública y a la que ni siquiera los parlamentarios pueden acceder libremente, ya que para revisarla deben acudir a la secretaría de la Cámara, que la mantiene bajo custodia.

El texto definitivo de dicha ley fue publicado en forma reservada en el Diario Oficial el 29 de octubre de 1976. Publicación a la que tuvo acceso El Mostrador.

Es así como el 21 de julio de 1976 la Junta de Gobierno acordaba el texto legal que en su inciso 1º señala un tema que es conocido por la ciudadanía, aunque nunca ha sido publicado oficialmente: que el 10% del ingreso total anual de Codelco debe entregarse para financiar a las Fuerzas Armadas.

Específicamente, el decreto 1.530 señala que “el 10% del ingreso en moneda extranjera determinado por la venta al exterior de la producción de cobre, excluidos sus subproductos, de la Corporación Nacional del Cobre de Chile y el 10% del valor de los aportes en cobre al exterior que efectúe dicha corporación, deberán ser depositados por el Banco Central de Chile en moneda dólar de los Estados Unidos de América, en la Tesorería General de la República, con el objeto de que el Consejo Superior de Defensa Nacional cumpla con las finalidades de la ley 7.144”, que lo crea.

El mismo inciso 1º señala un detalle prácticamente desconocido por la ciudadanía: la existencia de un piso mínimo a ser percibido por las Fuerzas Armadas.

“Anualmente, deberá practicarse una liquidación final del rendimiento de esta Ley y, si la cantidad total del rendimiento del 10% fuera inferior a 90 millones de dólares (US$ 90.000.000), la diferencia deberá ser completada por el Fisco. Al efecto, deberá consignarse un ítem excedible en la Ley de Presupuesto de la Nación cada año”, señala el texto.

Agregando que “el Fisco, con cargo al ítem establecido en el inciso precedente, podrá otorgar anticipos, que la Tesorería General de la República descontará de los recursos posteriores que perciba de acuerdo con lo establecido en el presente artículo, y los ingresará a arcas fiscales”.

Top secret

El inciso 2º del texto legal, especifica que las entregas de estos fondos “se harán en forma reservada, se mantendrán en cuentas secretas, se contabilizarán en forma reservada y su inversión, ya sea en compras de contado o en operaciones a crédito, pago de cuotas a contado o servicio de los créditos, se dispondrá mediante decretos supremos reservados exentos de toma de razón y refrendación”.

La reserva en torno a la Ley Reservada del Cobre ha sido cuestionada en diversas instancias. En el último tiempo se situó en el ojo del huracán por las operaciones fraudulentas que se tradujeron en la desaparición de más de 5 mil millones de dólares de estos fondos. Escándalo que escaló hasta la cúpula de la institución, luego de que se hiciera público que la Fiscalía Centro Norte y el ministro en visita, Omar Astudillo, lideran causas vinculadas a un eventual patrimonio injustificado del ex comandante en Jefe del Ejército, Juan Miguel Fuente-Alba.

Los flancos en torno a la falta de transparencia de las Fuerzas Armadas quedaron abiertos tras estos escándalos. Escenario que se vio reforzado con la decisión del 29 de marzo pasado del Consejo para la Transparencia (CPLT), que resolvió que el Gobierno tiene la obligación de entregar el texto de la Ley Reservada del Cobre, acogiendo parcialmente la petición de un particular –Salvador Soto Fortes–, cuyo acceso fue negado por la Subsecretaría de las Fuerzas Armadas, argumentando que su divulgación “afectaría la seguridad nacional”.

Luego de que Soto Fortes interpusiera un amparo ante el consejo liderado por José Luis Santa María, el organismo resolvió que esta norma es pública, salvo el artículo 3º inciso primero, porque “puede producir una afectación presente o probable y con suficiente especifidad a la seguridad de la Nación, específicamente en lo relativo a la defensa nacional”. Esto, porque la ley requerida “trataría sobre recursos destinados a la adquisición de material bélico y equipamiento militar”.

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